Disciplina y deuda estatal: no bastan las leyes

El día de ayer se presentó una iniciativa del Ejecutivo federal para regular la deuda de los estados mexicanos. Se busca poner candados a los niveles de endeudamiento permitido y reglas más exigentes para su aprobación.

Algunas entradas de este blog se han referido a los efectos de la deuda subnacional, otras al estudio de México Evalúa sobre el destino de la deuda contraída por los estados, y una más sobre las llamadas leyes de disciplina financiera. De esta última, hay información relevante para poner en perspectiva el anuncio de esta iniciativa:

Diversos países han emitido en los últimos lustros leyes de responsabilidad fiscal que buscan controlar el comportamiento irresponsable en el manejo de deuda y evitar que la ventaja de corto plazo que un estado puede obtener al adquirir deuda lleve a problemas de largo plazo para el país en su conjunto. Al respecto, […] un par de investigadores del Banco Mundial  escribieron un documento en el que analizan la experiencia internacional y encuentran que:

La evidencia muestra que las leyes de responsabilidad fiscal ayudan a coordinar y a mantener compromisos de prudencia fiscal, pero que no son un sustituto para dicho compromiso y no deben ser vistas como fines en sí mismas. Pueden hacer una contribución positiva junto a otras medidaspara afianzar una coalición de estados y el gobierno central en favor de la prudencia fiscal. [Liu y Webb, “Laws for fiscal responsibility for subnational discipline: international experience“; énfasis añadido]

En otras palabras, una ley de responsabilidad fiscal tiene como requisito, para ser eficaz, que los gobiernos –o al menos algunos de ellos– tengan un compromiso con la disciplina.

Causa en Común: Radiografía de las Policías Estatales

La semana pasada, Causa en Común A.C. realizó una conferencia de prensa mediante la cual dio a conocer los hallazgos de su radiografía de las policías en las entidades de nuestro país. En un documento que resume los hallazgos, la organización civil precisa, en principio, que las autoridades de Michoacán y Quintana Roo no estuvieron dispuestas a ser monitoreadas. Aun así, con base en los datos de los 30 estados restantes, se aprecia gran disparidad en la situación de los cuerpos policíacos locales. Existe amplia variación en cuestiones como los salarios, la duración de las jornadas laborales y el control de confianza, lo cual impide—de acuerdo con la organización—el desarrollo de sistemas de policía articulados.

Causa en Común desarrolló un balance por cada entidad federativa. Los 32 reportes se pueden consultar dando clic en esta liga.

Métrica de transparencia 2014

En diciembre pasado se dieron a conocer los resultados del estudio Métrica de Transparencia 2014. La metodología, los resultados y las bases de datos pueden ser consultados aquí: http://metricadetransparencia.cide.edu/

En el propio sitio se explica el proyecto:

La Métrica de la transparencia 2014 da continuidad al análisis presentado en la Métrica de transparencia 2010 (www.metricadetransparencia.cide.edu), con la finalidad de profundizar y ampliar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de transparencia en México.

La Métrica 2014 retoma la lógica del estudio anterior y presenta el estado de la oferta de transparencia en las Federación y en las 33 entidades federativas del país, por medio de una serie de indicadores que derivan en cinco índices de análisis, uno por cada una de las dimensiones relevantes del sistema de transparencia en México: primero, se revisa la normatividad vigente; segundo se analiza el cumplimiento de la publicación de información que debe ser pública de oficio de acuerdo con la normatividad aplicable; tercero, se analiza el proceso de atención a usuarios que demandan información a sujetos obligados, cuarto se presentan indicadores sobre capacidades institucionales de los órganos garantes, y quinto, se realiza una primera aproximación a una muestra de sujetos obligados. La Métrica 2014 afina la metodología del ejercicio anterior e incorpora nuevos elementos de análisis.

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Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó recientemente el documento:

Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.

Identificar las barreras para lograr la igualdad

El estudio analiza el desarrollo humano de las mujeres en las 32 entidades y los 2456 municipios y delegaciones de México para el año 2012. Presenta también la primera estimación del Índice de Desigualdad de Género (IDG) para las entidades

Más información aquí.

XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género

El 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso se llevó a cabo el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en la ciudad de Aguascalientes, México. El  evento consistió en una serie de mesas de discusión en las que se analizó la generación, la calidad y el uso de información estadística en la conformación de las políticas del Estado, todo con miras hacia la Agenda de Desarrollo Sostenible Post-2015. Así, durante las tres jornadas de trabajo, se revisaron los avances y retos relacionados con los datos que permiten estudiar el adelanto de las mujeres y evaluar el progreso en la integración de la perspectiva de género a las acciones gubernamentales.

En general, la base para todas las discusiones fue el reconocimiento que la estadística de género actualizada es esencial no sólo para diseñar, sino también para implementar, evaluar y modificar las políticas públicas. Las distintas ponencias pusieron de manifiesto las grandes desigualdades que afectan a las mujeres en diversas materias. La única manera de combatir este fenómeno es la acción positiva del Estado: no sólo en forma de leyes, sino también por medio de estrategias diseñadas de manera explícita para remediar la vulnerabilidad económica, la violencia de género, los riesgos de salud, la exclusión política, la discriminación laboral o el rezago educativo. Para monitorear el progreso, se requiere de datos creíbles, tanto cualitativos como cuantitativos.

En esta línea, por ejemplo, Rubén Narciso (del Instituto Nacional de Estadística en Guatemala) expuso varios retos que enfrenta su país en materia de género. Hizo mención del aumento en la tasa de fecundidad juvenil en los últimos diez años; de la brecha salarial bajo la cual—por el mismo trabajo—las mujeres ganan 84% del ingreso de los hombres; de las 166,388 denuncias por violencia contra la mujer (de las cuales sólo 1,640 resultaron en una condena), y de la baja proporción de puestos públicos ocupados por mujeres (7.7% de la Corte Suprema de Justicia, 2.1 de las Alcaldías, 12% del Congreso). Lo más importante, de acuerdo con el ponente, han sido los avances en forma de comisiones, oficinas y seminarios cuya misión es la generación, difusión y monitoreo de los datos. Si bien aún quedan cosas por hacer (como capacitación, incidencia en los registros administrativos, aumento en los recursos destinados a este fin), la generación de información ha permitido definir y evaluar las primeras rutas de acción.

La situación es similar para el caso del estudio de la violencia de género en México. Gisela Ramírez, de la Subdirección de Estadísticas Sociales y de Violencia contra la Mujer del INEGI, presentó un panorama de la evolución de los datos en esta materia. Reconoció que desde la década de 1970 México comenzó a reconocer la violencia de género como un problema y, a partir de 1990, a definirla de manera concreta; sin embargo, no se llevó a cabo un intento de dimensionar el problema sino hasta 2003, cuando se llevaron a cabo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM). La primera encuesta ha prevalecido por mayor tiempo y ha permitido sentar bases conceptuales, metodológicas y temáticas claras para estudiar la violencia de género no sólo en el ámbito doméstico, sino también en el laboral, el escolar y el social. Así, se puede saber que, de acuerdo con los datos más recientes (2011), las mujeres que trabajan reportan más violencia de todo tipo (emocional, económica, física y sexual) que aquellas que no lo hacen, o que 1.9% de las mujeres unidas a una pareja reportan ante las autoridades la violencia emocional o económica.

En relación con la participación en la toma de decisiones, Irune Aguirrezábal (ONUMUJERES) destacó el panorama favorable para la inclusión de las mujeres en América Latina dado por el crecimiento económico reciente y la estabilidad democrática relativamente generalizada. Señaló la necesidad de tomar medidas afirmativas para promover la democracia paritaria, de impulsar la perspectiva de género en las acciones y políticas de los gobiernos, de introducir como sea posible a más mujeres en la esfera pública, de presionar para que los partidos políticos favorezcan la igualdad sustantiva y de combatir las causas de discriminación y prejuicio contra las mujeres.

Este último aspecto está relacionado con las observaciones de María Ángela Sotelo (Coordinadora de la Mujer, Bolivia) y Paula Soto (INMUJERES, México). Sotelo presentó la estrategia de una campaña masiva (“50 y 50: Paridad es ahora”) para lograr la paridad de género en las elecciones bolivianas de 2014. La claridad de la propaganda y la continua comunicación con los medios, los partidos políticos y el público permitieron a los activistas justificar la necesidad de inclusión y dar visibilidad a las candidatas legislativas. Los resultados electorales no mienten: 44% del Senado y 51% de la Cámara de Diputados están compuestos por mujeres. Soto, por su parte, consideró los avances legales que en México han buscado fomentar mayor inclusión de las mujeres en la política. Advirtió, no obstante, que no ha habido un cambio cultural nacional, y que el intento de evadir o subvertir instrumentos como las cuotas de género prevalece. Hizo referencia, por ejemplo, a la solicitud de licencia que presentaron ocho diputadas en 2009 para ceder sus puestos a sus suplentes (varones).

Los participantes refirieron, en varios casos, algunas estrategias diseñadas para generar y difundir datos comparables. Por ejemplo, Francesca Grum—de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadísticas de la ONU—explicó el Conjunto Mínimo de Indicadores de Género (52 indicadores cuantitativos y 11 cualitativos) que buscan favorecer los estudios de corte transversal. Harumi Shibata, de la Sección de Estadísticas Demográficas y Sociales de División de Estadísticas de la ONU, reseñó también el desarrollo de la Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre el Empleo del Tiempo (ICATUS, por sus siglas en inglés) con el mismo propósito.

El reto fundamental es, en todos los casos, seguir impulsando la generación de estadísticas con perspectiva de género  y no sólo datos desagregados por sexo. Como señaló Marcela Eternod, Secretaria Ejecutiva de INMUJERES, la estadística nacional es un bien público. Durante la clausura del Encuentro, se enfatizó la necesidad de que los gobiernos inviertan más recursos en proyectos que creen datos de esta naturaleza. Sin información oportuna, capacitación continua y monitoreo constante, la búsqueda de la igualdad de género está destinada al estancamiento o, en el peor de los casos, al fracaso.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Mauricio Merino

En la última participación del Foro Nacional del 15 de octubre, Mauricio Merino—destacado académico del CIDE—planteó una interrogante crucial en relación con el entendimiento generalizado de la política pública. Declaró, primordialmente, la existencia de un problema conceptual grave: la política pública, señaló, no es equivalente a una serie de programas presupuestarios. El seguimiento, que tanto académicos como funcionarios hacen de la política de desarrollo social ha partido, para Merino, del erróneo supuesto de que programas y política son un mismo objeto. Para el expositor, esto ha resultado en la desarticulación e inconsistencia que rodean la política social y conducen a problemas graves, como que 95 de cada 100 pesos no están vinculados con un propósito, un problema o una población objetivo claramente delimitados. Así,  más que programas, hace falta una estrategia coherente. Merino lamentó, asimismo, la ausencia de una noción clara de responsabilidad institucional y la resultante falta de un Derecho presupuestario en México. Concluyó exhortando a un examen conceptual más serio y a la definición clara del objeto de estudio que reunió, en suma, a los asistentes al Foro.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Eduardo Ramírez

Como parte de la tercera mesa del Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”, Eduardo Ramírez—de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL—señaló diversas áreas de oportunidad que el arreglo federal enfrenta para implementar con éxito una política de desarrollo social coordinada. Inicialmente, el funcionario reconoció diversos señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación en relación con el federalismo social. Entre ellos, enfatizó diversas ambigüedades normativas respecto del gasto del FISM y el FISE, los mecanismos débiles de capacitación y asistencia a los estados y municipios (por parte del gobierno federal) para la operación de fondos como el FISE, la concentración de la inversión en cabeceras municipales y la falta de información respecto de las acciones financiadas con recursos de fondos federales. Posteriormente, Ramírez enmarcó diversos cambios en la Ley de Coordinación Fiscal como parte de un intento de mejorar el funcionamiento del federalismo social. Destacó, sobre todo, la nueva fórmula de distribución de recursos, que se alinea a las mediciones de pobreza multidimensional del CONEVAL y premia el mejoramiento en indicadores. Asimismo, señaló el fortalecimiento de SEDESOL como gestor de la coordinación entre niveles de gobierno para combatir la pobreza y evaluar los avances en la administración de fondos como el FAIS.