Métrica de transparencia 2014

En diciembre pasado se dieron a conocer los resultados del estudio Métrica de Transparencia 2014. La metodología, los resultados y las bases de datos pueden ser consultados aquí: http://metricadetransparencia.cide.edu/

En el propio sitio se explica el proyecto:

La Métrica de la transparencia 2014 da continuidad al análisis presentado en la Métrica de transparencia 2010 (www.metricadetransparencia.cide.edu), con la finalidad de profundizar y ampliar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de transparencia en México.

La Métrica 2014 retoma la lógica del estudio anterior y presenta el estado de la oferta de transparencia en las Federación y en las 33 entidades federativas del país, por medio de una serie de indicadores que derivan en cinco índices de análisis, uno por cada una de las dimensiones relevantes del sistema de transparencia en México: primero, se revisa la normatividad vigente; segundo se analiza el cumplimiento de la publicación de información que debe ser pública de oficio de acuerdo con la normatividad aplicable; tercero, se analiza el proceso de atención a usuarios que demandan información a sujetos obligados, cuarto se presentan indicadores sobre capacidades institucionales de los órganos garantes, y quinto, se realiza una primera aproximación a una muestra de sujetos obligados. La Métrica 2014 afina la metodología del ejercicio anterior e incorpora nuevos elementos de análisis.

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Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó recientemente el documento:

Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.

Identificar las barreras para lograr la igualdad

El estudio analiza el desarrollo humano de las mujeres en las 32 entidades y los 2456 municipios y delegaciones de México para el año 2012. Presenta también la primera estimación del Índice de Desigualdad de Género (IDG) para las entidades

Más información aquí.

XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género

El 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso se llevó a cabo el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en la ciudad de Aguascalientes, México. El  evento consistió en una serie de mesas de discusión en las que se analizó la generación, la calidad y el uso de información estadística en la conformación de las políticas del Estado, todo con miras hacia la Agenda de Desarrollo Sostenible Post-2015. Así, durante las tres jornadas de trabajo, se revisaron los avances y retos relacionados con los datos que permiten estudiar el adelanto de las mujeres y evaluar el progreso en la integración de la perspectiva de género a las acciones gubernamentales.

En general, la base para todas las discusiones fue el reconocimiento que la estadística de género actualizada es esencial no sólo para diseñar, sino también para implementar, evaluar y modificar las políticas públicas. Las distintas ponencias pusieron de manifiesto las grandes desigualdades que afectan a las mujeres en diversas materias. La única manera de combatir este fenómeno es la acción positiva del Estado: no sólo en forma de leyes, sino también por medio de estrategias diseñadas de manera explícita para remediar la vulnerabilidad económica, la violencia de género, los riesgos de salud, la exclusión política, la discriminación laboral o el rezago educativo. Para monitorear el progreso, se requiere de datos creíbles, tanto cualitativos como cuantitativos.

En esta línea, por ejemplo, Rubén Narciso (del Instituto Nacional de Estadística en Guatemala) expuso varios retos que enfrenta su país en materia de género. Hizo mención del aumento en la tasa de fecundidad juvenil en los últimos diez años; de la brecha salarial bajo la cual—por el mismo trabajo—las mujeres ganan 84% del ingreso de los hombres; de las 166,388 denuncias por violencia contra la mujer (de las cuales sólo 1,640 resultaron en una condena), y de la baja proporción de puestos públicos ocupados por mujeres (7.7% de la Corte Suprema de Justicia, 2.1 de las Alcaldías, 12% del Congreso). Lo más importante, de acuerdo con el ponente, han sido los avances en forma de comisiones, oficinas y seminarios cuya misión es la generación, difusión y monitoreo de los datos. Si bien aún quedan cosas por hacer (como capacitación, incidencia en los registros administrativos, aumento en los recursos destinados a este fin), la generación de información ha permitido definir y evaluar las primeras rutas de acción.

La situación es similar para el caso del estudio de la violencia de género en México. Gisela Ramírez, de la Subdirección de Estadísticas Sociales y de Violencia contra la Mujer del INEGI, presentó un panorama de la evolución de los datos en esta materia. Reconoció que desde la década de 1970 México comenzó a reconocer la violencia de género como un problema y, a partir de 1990, a definirla de manera concreta; sin embargo, no se llevó a cabo un intento de dimensionar el problema sino hasta 2003, cuando se llevaron a cabo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM). La primera encuesta ha prevalecido por mayor tiempo y ha permitido sentar bases conceptuales, metodológicas y temáticas claras para estudiar la violencia de género no sólo en el ámbito doméstico, sino también en el laboral, el escolar y el social. Así, se puede saber que, de acuerdo con los datos más recientes (2011), las mujeres que trabajan reportan más violencia de todo tipo (emocional, económica, física y sexual) que aquellas que no lo hacen, o que 1.9% de las mujeres unidas a una pareja reportan ante las autoridades la violencia emocional o económica.

En relación con la participación en la toma de decisiones, Irune Aguirrezábal (ONUMUJERES) destacó el panorama favorable para la inclusión de las mujeres en América Latina dado por el crecimiento económico reciente y la estabilidad democrática relativamente generalizada. Señaló la necesidad de tomar medidas afirmativas para promover la democracia paritaria, de impulsar la perspectiva de género en las acciones y políticas de los gobiernos, de introducir como sea posible a más mujeres en la esfera pública, de presionar para que los partidos políticos favorezcan la igualdad sustantiva y de combatir las causas de discriminación y prejuicio contra las mujeres.

Este último aspecto está relacionado con las observaciones de María Ángela Sotelo (Coordinadora de la Mujer, Bolivia) y Paula Soto (INMUJERES, México). Sotelo presentó la estrategia de una campaña masiva (“50 y 50: Paridad es ahora”) para lograr la paridad de género en las elecciones bolivianas de 2014. La claridad de la propaganda y la continua comunicación con los medios, los partidos políticos y el público permitieron a los activistas justificar la necesidad de inclusión y dar visibilidad a las candidatas legislativas. Los resultados electorales no mienten: 44% del Senado y 51% de la Cámara de Diputados están compuestos por mujeres. Soto, por su parte, consideró los avances legales que en México han buscado fomentar mayor inclusión de las mujeres en la política. Advirtió, no obstante, que no ha habido un cambio cultural nacional, y que el intento de evadir o subvertir instrumentos como las cuotas de género prevalece. Hizo referencia, por ejemplo, a la solicitud de licencia que presentaron ocho diputadas en 2009 para ceder sus puestos a sus suplentes (varones).

Los participantes refirieron, en varios casos, algunas estrategias diseñadas para generar y difundir datos comparables. Por ejemplo, Francesca Grum—de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadísticas de la ONU—explicó el Conjunto Mínimo de Indicadores de Género (52 indicadores cuantitativos y 11 cualitativos) que buscan favorecer los estudios de corte transversal. Harumi Shibata, de la Sección de Estadísticas Demográficas y Sociales de División de Estadísticas de la ONU, reseñó también el desarrollo de la Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre el Empleo del Tiempo (ICATUS, por sus siglas en inglés) con el mismo propósito.

El reto fundamental es, en todos los casos, seguir impulsando la generación de estadísticas con perspectiva de género  y no sólo datos desagregados por sexo. Como señaló Marcela Eternod, Secretaria Ejecutiva de INMUJERES, la estadística nacional es un bien público. Durante la clausura del Encuentro, se enfatizó la necesidad de que los gobiernos inviertan más recursos en proyectos que creen datos de esta naturaleza. Sin información oportuna, capacitación continua y monitoreo constante, la búsqueda de la igualdad de género está destinada al estancamiento o, en el peor de los casos, al fracaso.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Mauricio Merino

En la última participación del Foro Nacional del 15 de octubre, Mauricio Merino—destacado académico del CIDE—planteó una interrogante crucial en relación con el entendimiento generalizado de la política pública. Declaró, primordialmente, la existencia de un problema conceptual grave: la política pública, señaló, no es equivalente a una serie de programas presupuestarios. El seguimiento, que tanto académicos como funcionarios hacen de la política de desarrollo social ha partido, para Merino, del erróneo supuesto de que programas y política son un mismo objeto. Para el expositor, esto ha resultado en la desarticulación e inconsistencia que rodean la política social y conducen a problemas graves, como que 95 de cada 100 pesos no están vinculados con un propósito, un problema o una población objetivo claramente delimitados. Así,  más que programas, hace falta una estrategia coherente. Merino lamentó, asimismo, la ausencia de una noción clara de responsabilidad institucional y la resultante falta de un Derecho presupuestario en México. Concluyó exhortando a un examen conceptual más serio y a la definición clara del objeto de estudio que reunió, en suma, a los asistentes al Foro.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Eduardo Ramírez

Como parte de la tercera mesa del Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”, Eduardo Ramírez—de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL—señaló diversas áreas de oportunidad que el arreglo federal enfrenta para implementar con éxito una política de desarrollo social coordinada. Inicialmente, el funcionario reconoció diversos señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación en relación con el federalismo social. Entre ellos, enfatizó diversas ambigüedades normativas respecto del gasto del FISM y el FISE, los mecanismos débiles de capacitación y asistencia a los estados y municipios (por parte del gobierno federal) para la operación de fondos como el FISE, la concentración de la inversión en cabeceras municipales y la falta de información respecto de las acciones financiadas con recursos de fondos federales. Posteriormente, Ramírez enmarcó diversos cambios en la Ley de Coordinación Fiscal como parte de un intento de mejorar el funcionamiento del federalismo social. Destacó, sobre todo, la nueva fórmula de distribución de recursos, que se alinea a las mediciones de pobreza multidimensional del CONEVAL y premia el mejoramiento en indicadores. Asimismo, señaló el fortalecimiento de SEDESOL como gestor de la coordinación entre niveles de gobierno para combatir la pobreza y evaluar los avances en la administración de fondos como el FAIS.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Arturo Orcí

Inaugurando la tercera mesa del Foro del 15 de octubre, Arturo Orcí Magaña (de la Auditoría Superior de la Federación) realizó una presentación que giró en torno a la fiscalización del gasto federalizado. Señaló, como primer comentario, que 90% del ingreso de los estados y municipios marginados en México corresponde a recursos federales. El gasto fiscalizable—las transferencias condicionadas que forman el gasto federalizado programable—ascendió en 2013 a más de 940 mil millones de pesos, de los cuales 79% se destinó a alguno de los 95 fondos y programas relacionados con materia de desarrollo social. El funcionario reseñó el monto de las inversiones y algunos resultados de fondos como el FAEB, el FAETA, el FASSA, el FAM y el FISM. Posteriormente, señaló que prevalecen áreas de oportunidad en materia de transparencia, gestión, rendición de cuentas y resultados. En total, 12% de la muestra auditada arrojó observaciones relacionadas con transferencias de recursos a cuentas bancarias indebidas, falta de documentación comprobatoria, pago de conceptos improcedentes o aplicación de recursos en fines no autorizados. En consecuencia, Orcí recomendó una serie de medidas. Destacan la emisión de una Ley de Gasto Federalizado, el impulso de un Sistema Nacional de Fiscalización, el mejoramiento de los Sistemas de Control Interno y la formulación de un Programa Nacional de Desarrollo Institucional Municipal, así como la incorporación de los resultados de gestión en los mecanismos de asignación, la definición de reglas de operación para programas que no cuentan con ellas y, de manera más amplia, el desarrollo de una cultura de evaluación.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Thania de la Garza

Dentro de su participación en el Foro del 15 de octubre, Thania de la Garza presentó a los asistentes el Inventario CONEVAL de Desarrollo Social. Se trata de una base de datos que sistematiza información relevante de programas y acciones de desarrollo social (con base en información pública). De la Garza destacó este ejercicio como un avance en la rendición de cuentas y como una manera de facilitar la toma de decisiones y el análisis de la situación de la política pública en México. En total, el Inventario cuenta con 5010 programas a cargo de los gobiernos federal, estatales y municipales. La presentación destacó la falta de información en algunas entidades del país—Tlaxcala, por ejemplo, no pudo proporcionar en 2010 ni en 2011 siquiera el número de acciones y programas encaminados al desarrollo social. De la Garza presentó, además, algunos datos extraídos de la información existente. Por ejemplo, comentó que la mayor parte de los programas busca remediar problemas en cuestiones de educación y salud, mientras que existen muy pocos en materia de empleo o alimentación. Asimismo, mostró que, en los estados que cuentan con muchos municipios, éstos tienden a no contar con información en línea o siquiera con un sitio en Internet.