¿Vigilando? la aplicación del presupuesto de egresos de la federación en los Estados

El pasado viernes 2 de abril, el periódico Reforma publicó que los Senadores negocian “la creación de una Comisión Especial para dar Seguimiento a la Aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación”. El propósito central de esta comisión (impulsada por el líder panista Gustavo Madero) consiste en verificar “el correcto desempeño de los recursos presupuestales asignados a las entidades federativas”.

La propuesta parecería ser un esfuerzo de los Coordinadores parlamentarios del Senado para fortalecer la rendición de cuentas de los gobiernos estatales; sin embargo, la naturaleza de la propuesta deja poco margen para el optimismo y, en cambio, abre varias preguntas sobre la capacidad institucional del Senado (aún más, la habilidad de una Comisión Especial de senadores) para llevar a cabo labores de control y vigilancia del 7% del PIB (de acuerdo con datos publicados en el mismo artículo). Por ejemplo, ¿tendrá esta comisión especial recursos, también especiales, o se pretende que los senadores involucrados vigilen a 32 gobiernos estatales con los recursos actuales? ¿Cuáles serán los instrumentos que empleará la Comisión para hacer valer sus observaciones (en caso de que existan)? ¿Emitirá recomendaciones? ¿A quién? ¿A la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos de fiscalización estatales, a la Secretaría de la Función Pública, a las instituciones involucradas? ¿Emitirán un informe anual, semestral, cada periodo de sesiones o cada que se presente una eventualidad?

Hay más preguntas que derivan de nuestra experiencia con comisiones legislativas especiales (sobre todo, aquellas dedicadas al análisis de temas relativos al mal uso de los recursos públicos); sin embargo, el punto a enfatizar es por qué crear un “nuevo órgano” en la Cámara Alta en vez de fortalecer las instituciones ya existentes que tienen el mandato constitucional de velar por el buen uso (y el uso eficiente) de los recursos públicos en las entidades federativas. Por principio, valdría la pena dar seguimiento a la correcta implementación del famosos decreto presidencial del 7 de mayo del 2008 (aprobado por los actuales Senadores) que pretendía poner al país “en sintonía con las mejores prácticas internacionales en materia de presupuesto y de fiscalización”. Por ejemplo, ¿cuentan ya con “capacidad técnica” los órganos de fiscalización estatales? ¿Se ha consolidado la garantía constitucional de autonomía a estas entidades en todos los Estados? Aún más, ¿cuentan ya todos los Estados con las instancias técnicas de evaluación (fundamentales para analizar el uso eficiente de los recursos públicos)?

Sabemos poco de estos temas, sin embargo, sabemos con certeza que la vigilancia centralizada del uso de los recursos federales enfrenta serios vericuetos que impiden una efectiva rendición de cuentas de los gobiernos Estatales (un ejemplo nítido es el “control” en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS).

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