El federalismo en las plataformas de los partidos (II: PRI)

La plataforma electoral del PRI toca tres de los puntos centrales de la discusión actual sobre el federalismo mexicano: la distribución de competencias,  el funcionamiento de los contrapesos en los poderes estatales (sobre lo que dice muy poco), y el federalismo fiscal:

Nuestro federalismo debe actualizarse y traducirse en el ejercicio pleno de la autonomía estatal y de la libertad de los municipios; un federalismo que reduzca las desigualdades y disparidades entre las regiones del país y promueva el desarrollo regional y la cohesión nacional, con base en una nueva distribución de responsabilida des, atribuciones y recursos.

México debe avanzar en el desarrollo político de los gobiernos locales; mejorar el sistema de frenos y contrapesos, preservar la pluralidad y mejorar los sistemas de transparencia y de rendición de cuentas en las entidades federativas.

[…]

Vamos a innovar el diseño institucional del gobierno y revitalizar nuestro sistema político, integrar la participación ciudadana en un gobierno abierto e impulsar la autonomía de órganos de Estado para fortalecer el equilibrio entre los poderes públicos y propiciar decisiones de largo plazo.

Pese a marcar el énfasis en estos dos temas, la plataforma es notoriamente vaga en la definición de contenidos: se menciona necesidad de reconfigurar el sistema competencial, de fomentar un federalismo cooperativo, de “revisar” los procesos de descentralización, pero no hay tomas de postura sobre qué competencias serían asignadas a cada ámbito de gobierno ni el mecanismo para definirlas.

También hay menciones otro tema fundamental: el federalismo fiscal. De nuevo, se habla de una “reestructuración de las atribuciones fiscales”, pero no se explican los alcances ni contenidos de dicha restructuración.

Se trata de una plataforma que identifica bien tres de los problemas del federalismo actual: el desorden competencial, la falta de contrapesos en los poderes estatales y los desbalances del federalismo fiscal. Atender cada uno de ellos implicará decisiones de gran trascendencia, pero con ganadores y perdedores claros; además, requerirían reformas constitucionales que, por tanto, suponen mayorías calificadas en el Congreso y la anuencia de las legislaturas estatales.

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