Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Eduardo Ramírez

Como parte de la tercera mesa del Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”, Eduardo Ramírez—de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL—señaló diversas áreas de oportunidad que el arreglo federal enfrenta para implementar con éxito una política de desarrollo social coordinada. Inicialmente, el funcionario reconoció diversos señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación en relación con el federalismo social. Entre ellos, enfatizó diversas ambigüedades normativas respecto del gasto del FISM y el FISE, los mecanismos débiles de capacitación y asistencia a los estados y municipios (por parte del gobierno federal) para la operación de fondos como el FISE, la concentración de la inversión en cabeceras municipales y la falta de información respecto de las acciones financiadas con recursos de fondos federales. Posteriormente, Ramírez enmarcó diversos cambios en la Ley de Coordinación Fiscal como parte de un intento de mejorar el funcionamiento del federalismo social. Destacó, sobre todo, la nueva fórmula de distribución de recursos, que se alinea a las mediciones de pobreza multidimensional del CONEVAL y premia el mejoramiento en indicadores. Asimismo, señaló el fortalecimiento de SEDESOL como gestor de la coordinación entre niveles de gobierno para combatir la pobreza y evaluar los avances en la administración de fondos como el FAIS.

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Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Arturo Orcí

Inaugurando la tercera mesa del Foro del 15 de octubre, Arturo Orcí Magaña (de la Auditoría Superior de la Federación) realizó una presentación que giró en torno a la fiscalización del gasto federalizado. Señaló, como primer comentario, que 90% del ingreso de los estados y municipios marginados en México corresponde a recursos federales. El gasto fiscalizable—las transferencias condicionadas que forman el gasto federalizado programable—ascendió en 2013 a más de 940 mil millones de pesos, de los cuales 79% se destinó a alguno de los 95 fondos y programas relacionados con materia de desarrollo social. El funcionario reseñó el monto de las inversiones y algunos resultados de fondos como el FAEB, el FAETA, el FASSA, el FAM y el FISM. Posteriormente, señaló que prevalecen áreas de oportunidad en materia de transparencia, gestión, rendición de cuentas y resultados. En total, 12% de la muestra auditada arrojó observaciones relacionadas con transferencias de recursos a cuentas bancarias indebidas, falta de documentación comprobatoria, pago de conceptos improcedentes o aplicación de recursos en fines no autorizados. En consecuencia, Orcí recomendó una serie de medidas. Destacan la emisión de una Ley de Gasto Federalizado, el impulso de un Sistema Nacional de Fiscalización, el mejoramiento de los Sistemas de Control Interno y la formulación de un Programa Nacional de Desarrollo Institucional Municipal, así como la incorporación de los resultados de gestión en los mecanismos de asignación, la definición de reglas de operación para programas que no cuentan con ellas y, de manera más amplia, el desarrollo de una cultura de evaluación.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Marcela Andrade

Como parte de la primera mesa del Foro Nacional del pasado 15 de octubre, Marcela Andrade señaló como problema central los bajos niveles de recaudación en las entidades. Si bien el patrón es diferenciado, los ingresos por predial representaron en 2013 0.2% del PIB, mientras que los ingresos por agua representaron 0.3%. Argumentó, en consecuencia, que parte de la solución estriba en los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal que se llevaron a cabo como parte de la Reforma Hacendaria. En general, éstos pretenden hacer de la recaudación más eficiente, redefinir los criterios de distribución de recursos federales, modernizar los sistemas de recaudación locales y mejorar la transparencia en torno al ejercicio de dinero público.

Análisis de México Evalúa: Deuda Pública y Gasto Estatal ¿Para qué?

México Evalúa ha hecho público su análisis sobre la deuda pública en los estados y sus efectos en áreas como infraestructura, salud y educación. Aunque el vínculo entre deuda y resultados en indicadores sociales es tenue, el análisis sirve para dimensionar el problema de la deuda estatal y para identificar los avances y rezagos diferenciados entre los estados.
Puede consultarse aquí:http://flipflashpages.uniflip.com/2/28779/115545/pub/

Informe sobre desarrollo humano

El día de hoy fue presentado el Informe sobre Desarrollo Humano México 2011: equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados (disponible aquí). El hallazgo central es la inequidad del gasto: los recursos presupuestales del sector público no están dirigidos a los sectores sociales más pobres, incluso en los rubros de salud o educación.

Los gobiernos estatales contribuyen al problema:

La inequidad del gasto público proviene tanto del gasto federal en desarrollo humano como del total ejercido por entidades federativas y municipios. Las Aportaciones federales, que tienen un papel explícito en favor de la equidad, no alcanzan las asignaciones recomendadas y su efecto es revertido por otros componentes de los gastos locales. En suma, la falta de equidad en el gasto público es sistémica (p. 78).

Es, como los anteriores informes, una enorme contribución, que combina exitosamente rigor técnico con vocación pública, al debate sobre presupuesto público, políticas de combate a la pobreza y la desigualdad. Es también, en última instancia, una radiografía de las fallas estructurales de la democracia mexicana: la falta de capacidades institucionales de todos sus gobiernos, la ausencia de rendición de cuentas y la desarticulación del sistema federal.

ACTUALIZACIÓN: Se ha hecho pública, como complemento, al informe, una herramienta que permite estimar el índice de desarrolo humano individual y la proporción del gasto público destinado al grupo población al que se perteneza. Disponible aquí.

 

Cuenta pública del gasto federalizado (3: diseño y rendición de cuentas)

La cuenta pública 2009 encuentra tres grandes problemas en el funcionamiento de los fondos del ramo 33. En primer lugar, hay un problema de diseño: el contenido de la Ley de Coordinación Fiscal, las fórmulas de distribución y las reglas para el ejercicio de los recursos no corresponden con un plan deliberado de distribución de funciones, sino que presentan inercias, además de responder a una lógica federal:

La normativa federal en materia presupuestal y de gasto público que regula el ejercicio de los recursos federales transferidos fue diseñada desde la perspectiva del Gobierno Federal, por lo que es necesario armonizarla con la de las entidades federativas.

La anualidad en el ejercicio de los recursos […] provoca la existencia de subejercicios que generan opacidad en la gestión, posponen el logro de los beneficios previstos y dificultan la fiscalización de los recursos.

Las fórmulas y mecanismos de distribución de los recursos tienen un sesgo inercial y de inequidad (Informe Ejecutivo, p. 164).

En segundo lugar, la ASF señala que no hay evidencia sobre los resultados de estos recursos:

no se ha realizado una evaluación integral de los impactos y resultados del gasto federalizado, ni de cada uno de los fondos y programas (p. 165).

Y, finalmente, hay un serio problema con la rendición de cuentas:

la gestión del gasto federalizado no observa la transparencia necesaria, pues la información que se presenta sobre los fondos y programas en las cuentas públicas federal, estatal y municipal carece de la claridad y el detalle necesarios, además de que son documentos poco accesibles a la población (p. 165).

Igualmente, la entrega de los informes periódicos la SHCP, para su consolidación y envío a la Cámara de Diputados, respecto del ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, es incompleta e insuficiente, particularmente en el caso de los municipios.

Efectivamente, sobre esto último, los informes generados por municipios y estados no siempre son entregados, y no hay consecuencias por esta omisión. Más aún, la información recopilada no tiene destino útil: no se toman decisiones sobre el funcionamiento de los fondos, sobre responsabilidades ejercidas ni sobre las fórmulas utilizadas (sobre esto, más aquí). Ni gobierno federal ni el Congreso de la Unión toman en cuenta la información recabada para mejorar el diseño de los fondos del ramo 33.

 

Cuenta pública del gasto federalizado (2: los retos de la armonización)

En la entrada anterior se señalaba la dificultad de valorar la efectividad del gasto federalizado debido a la insuficiencia (tanto en disponibilidad como en calidad) de información sobre avances y resultados en el ejercicio del gasto. A este problema se añaden las dificultades derivadas de las deficiencias en la contabilidad. Es sabido ya que aún no contamos con un régimen homogéneo de reglas y procedimientos contables. Si bien las reformas constitucionales y legales en materia de armonización contable están ya en marcha (la constitución ya fue reformada, y tenemos una Ley General de Contabilidad Gubernamental), aún queda un largo camino por recorrer para tener cuentas comparables y armonizadas. El informe de cuenta pública resalta la importancia de estas reglas contables:

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) son elementos  generales fundamentales para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como organizar y  mantener una efectiva sistematización que permita la  obtención de información veraz en forma homogénea, clara y concisa; por lo que se constituyen en el sustento técnico de la contabilidad gubernamental (Informe Ejecutivo, p. 165).

La ASF encuentra múltiples instancias en las que estos postulados no se cumplen, lo que debería activar dos alertas: en primer lugar, sobre la importancia de contar con reglas precisas, de fácil aplicación y verificación ; y, en segundo lugar, que dichas reglas incorporen mecanismos para definir responsables concretos de aplicar las nuevas reglas, así como instrumentos de detección y corrección de anomalías. En pocas palabras, armonizar normas contables es la parte sencilla del proceso de construir cuentas gubernamentales claras y homogeneas; el reto central será asegurar su aplicación efectiva en cada una de las oficinas públicas de este país.