Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Eduardo Ramírez

Como parte de la tercera mesa del Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”, Eduardo Ramírez—de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL—señaló diversas áreas de oportunidad que el arreglo federal enfrenta para implementar con éxito una política de desarrollo social coordinada. Inicialmente, el funcionario reconoció diversos señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación en relación con el federalismo social. Entre ellos, enfatizó diversas ambigüedades normativas respecto del gasto del FISM y el FISE, los mecanismos débiles de capacitación y asistencia a los estados y municipios (por parte del gobierno federal) para la operación de fondos como el FISE, la concentración de la inversión en cabeceras municipales y la falta de información respecto de las acciones financiadas con recursos de fondos federales. Posteriormente, Ramírez enmarcó diversos cambios en la Ley de Coordinación Fiscal como parte de un intento de mejorar el funcionamiento del federalismo social. Destacó, sobre todo, la nueva fórmula de distribución de recursos, que se alinea a las mediciones de pobreza multidimensional del CONEVAL y premia el mejoramiento en indicadores. Asimismo, señaló el fortalecimiento de SEDESOL como gestor de la coordinación entre niveles de gobierno para combatir la pobreza y evaluar los avances en la administración de fondos como el FAIS.

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Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Eduardo Bohórquez

Durante la segunda mesa del Foro del 15 de octubre, Eduardo Bohórquez (director de Transparencia Mexicana) señaló a la falta de certidumbre en relación con los programas gubernamentales como uno de los principales retos para el estudio del gasto y la política social. A la fecha—de acuerdo con Bohórquez—no tenemos un conocimiento preciso siquiera sobre el número de programas sociales. Hemos, por el contrario, recurrido a sólo unos pocos (p. ej. Oportunidades) para poder extrapolar conclusiones generalizables, y contamos con información anecdótica, también, acerca de estrategias locales con distintos grados de éxito. Según el experto, México tiene entre 2,700 y 5,000 programas, estrategias y acciones dirigidas hacia el desarrollo social. Más de la mitad de ellos no reporta presupuesto, y la mayoría enfrenta dificultades para especificar un propósito o una población objetivo específicos. Bohórquez señaló, posteriormente, tres tendencias preocupantes. Primero, la creación de políticas sociales “al micrófono”; esto es, sin planeación y con interés en responder a demandas ciudadanas de manera más o menos inmediata. Segundo, la centralidad de los programas sociales y no de la provisión de servicios públicos en el actuar del gobierno. Finalmente, tercero, la ausencia de una correlación observable entre el número de programas sociales y el desarrollo de los estados en cuestiones como infraestructura y pobreza.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Guillermo Cejudo

Para inaugurar la segunda mesa de discusión del Foro, Guillermo Cejudo—Secretario Académico del CIDE—comenzó por señalar que el federalismo mexicano consiste en un complejo entramado institucional cuya estructura ha sido formada por decisiones coyunturales. Esto implica, en consecuencia, una poco clara distribución de responsabilidades. El federalismo en México, de acuerdo con Cejudo, no responde a un diseño coherente, es ambiguo en cuanto a las competencias de cada nivel de gobierno y dificulta, por tanto, la rendición de cuentas. Las discusiones en torno al arreglo federal se han centrado en la distribución de recursos económicos, poder de decisión y clientelas; no se piensa en ofrecer servicios de buena calidad o en garantizar derechos sociales. El académico mostró la existencia de políticas sociales fragmentadas, coyunturales y con poca institucionalización a lo largo del territorio nacional, lo que resulta en regímenes diferenciados de derechos, falta de coordinación y exclusión de ciertos sectores ciudadanos. Apuntó que es necesario, en consecuencia, lograr un equilibrio entre recaudación y gasto, además de establecer una distribución clara de competencias y un régimen de rendición de cuentas que evite indefiniciones y favorezca la identificación de responsables inequívocos para cada fase de la política pública.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Manuel Martínez Justo

En la discusión de la primera mesa del Foro Nacional del pasado 15 de octubre, Manuel Martínez Justo inició su intervención con un recuento de la estructura que históricamente ha tenido el sistema de recaudación y gasto, destacando el centralismo que—desde la Colonia y hasta el período de partido hegemónico—lo caracterizó por mucho tiempo. El reto de la transición política, para Martínez, ha sido la exigencia de mayores responsabilidades por parte de los gobiernos estatales y el crecimiento en la participación por parte de los ciudadanos. Estos fenómenos se han dado a la par de la persistente dependencia de los gobiernos estatales respecto del federal en materia económica, dando paso al fenómeno de la deuda. El académico señaló que la preocupación por la deuda local no es exclusiva de México: ha sido estudiado y mediatizado también en España, Argentina y Colombia, por ejemplo. Algunas soluciones planteadas por Martínez son: el fortalecimiento de la diplomacia local, aumento de las remesas colectivas, el combate a la cultura de “no-pago” (que recompensa el pago tardío de servicios) y cooperación internacional para desarrollar proyectos sociales.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Edna Jaime

Dentro de la primera mesa de discusión del Foro Nacional, Edna Jaime—directora de México Evalúa—destacó que desde la crisis de 2009 el crecimiento económico mexicano ha sido reducido, mientras que la deuda pública ha aumentado. Si bien la mayor parte de la deuda ha sido interna desde 2001 y las reservas internacionales se encuentran en un alto histórico, Jaime señaló como factor de preocupación la caída del volumen de petróleo exportado y de su precio. Dado que, de acuerdo con datos de la SHCP, alrededor de un tercio de los ingresos públicos (en 2013) correspondían a las rentas petroleras, esto es señal de alarma; principalmente, porque el gasto de los tres niveles de gobierno ha estado históricamente atado a esta fuente de riqueza. Aunque la producción petrolera haya caído, el gasto se ha mantenido en niveles altos: esto explica, en gran medida, el aumento de la deuda, que crece a mayores tasas que la economía desde 2008. De acuerdo con Jaime, es imperativo prestar atención al aumento en la deuda sobre todo en algunas entidades: Coahuila, Quintana Roo y Chihuahua, por ejemplo, tienen la mayor deuda per cápita de la república. Al mismo tiempo, la deuda ha aumentado con mayor rapidez, desde 2010, en Coahuila, Zacatecas y Morelos. Para Jaime, es imperativo fortalecer la recaudación estatal propia y, además, reducir el gasto corriente mientras se aumenta el gasto de inversión.

Análisis del gasto en seguridad pública (México Evalúa)

México Evalúa, uno de los think tanks más profesionales y rigurosos del país, acaba de publicar un estudio sobre “El Gasto en Seguridad. Observaciones a la ASF a la gestión y uso de recursos“. Con base en las observaciones derivadas de las auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el estudio diagnostica los principales problemas en materia del gasto en seguridad en los tres ámbitos de gobierno.

Buena parte de la discusión reciente se ha concentrado en los montos presupuestales destinados a seguridad pública y en las cifras que dimensionan el problema (muertos, decomisos, presos). Poco se ha estudiado, en cambio, la calidad del gasto y los procesos de ejecución del presupuesto. Este estudio tiene dos virtudes principales. La primera es que muestra el problema de la gestión del dinero público destinado a este rubro, que no pasa por los montos asignados, ni por la distribución entre los ámbitos de gobierno, sino por los flujos de información, la rendición de cuentas y la evaluación de la eficacia del gasto. En tanto este problema no se atienda efectivamente, parece que el país da palos de ciego (o costalazos de dinero) sin saber su destino ni, mucho menos, su efecto.

La segunda virtud es su propósito de utilizar la información generada por la ASF para producir un análisis accesible, que pueda detonar mayor exigencia ciudadana y mejores procesos de decisión. La ASF suele generar datos, análisis y recomendaciones que pasan desapercibidas en el debate público, y que los gobiernos ignoran sin consecuencia alguna. Este documento es un muy buen primer paso en el uso de esta información para informar la discusión entre ciudadanos y gobiernos.

Como lo señala Edna Jaime en la presentación del estudio:

[Los hallazgos de la Auditoría] son relevadores de los enormes espacios de oportunidad que existen para mejor la efectividad y transparencia del gasto en la materia. Este trabajo los analiza y sintetiza de manera que puedan ser accesibles al público interesado pero, sobre todo, que puedan incidir en la toma de decisiones futuras en materia de asignación y ejercicio de recursos en este tema. No podemos permitirnos dispendios y opacidad, cuando el problema nos desborda de una manera tan brutal.