Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Mauricio Merino

En la última participación del Foro Nacional del 15 de octubre, Mauricio Merino—destacado académico del CIDE—planteó una interrogante crucial en relación con el entendimiento generalizado de la política pública. Declaró, primordialmente, la existencia de un problema conceptual grave: la política pública, señaló, no es equivalente a una serie de programas presupuestarios. El seguimiento, que tanto académicos como funcionarios hacen de la política de desarrollo social ha partido, para Merino, del erróneo supuesto de que programas y política son un mismo objeto. Para el expositor, esto ha resultado en la desarticulación e inconsistencia que rodean la política social y conducen a problemas graves, como que 95 de cada 100 pesos no están vinculados con un propósito, un problema o una población objetivo claramente delimitados. Así,  más que programas, hace falta una estrategia coherente. Merino lamentó, asimismo, la ausencia de una noción clara de responsabilidad institucional y la resultante falta de un Derecho presupuestario en México. Concluyó exhortando a un examen conceptual más serio y a la definición clara del objeto de estudio que reunió, en suma, a los asistentes al Foro.

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Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Eduardo Ramírez

Como parte de la tercera mesa del Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”, Eduardo Ramírez—de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL—señaló diversas áreas de oportunidad que el arreglo federal enfrenta para implementar con éxito una política de desarrollo social coordinada. Inicialmente, el funcionario reconoció diversos señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación en relación con el federalismo social. Entre ellos, enfatizó diversas ambigüedades normativas respecto del gasto del FISM y el FISE, los mecanismos débiles de capacitación y asistencia a los estados y municipios (por parte del gobierno federal) para la operación de fondos como el FISE, la concentración de la inversión en cabeceras municipales y la falta de información respecto de las acciones financiadas con recursos de fondos federales. Posteriormente, Ramírez enmarcó diversos cambios en la Ley de Coordinación Fiscal como parte de un intento de mejorar el funcionamiento del federalismo social. Destacó, sobre todo, la nueva fórmula de distribución de recursos, que se alinea a las mediciones de pobreza multidimensional del CONEVAL y premia el mejoramiento en indicadores. Asimismo, señaló el fortalecimiento de SEDESOL como gestor de la coordinación entre niveles de gobierno para combatir la pobreza y evaluar los avances en la administración de fondos como el FAIS.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Arturo Orcí

Inaugurando la tercera mesa del Foro del 15 de octubre, Arturo Orcí Magaña (de la Auditoría Superior de la Federación) realizó una presentación que giró en torno a la fiscalización del gasto federalizado. Señaló, como primer comentario, que 90% del ingreso de los estados y municipios marginados en México corresponde a recursos federales. El gasto fiscalizable—las transferencias condicionadas que forman el gasto federalizado programable—ascendió en 2013 a más de 940 mil millones de pesos, de los cuales 79% se destinó a alguno de los 95 fondos y programas relacionados con materia de desarrollo social. El funcionario reseñó el monto de las inversiones y algunos resultados de fondos como el FAEB, el FAETA, el FASSA, el FAM y el FISM. Posteriormente, señaló que prevalecen áreas de oportunidad en materia de transparencia, gestión, rendición de cuentas y resultados. En total, 12% de la muestra auditada arrojó observaciones relacionadas con transferencias de recursos a cuentas bancarias indebidas, falta de documentación comprobatoria, pago de conceptos improcedentes o aplicación de recursos en fines no autorizados. En consecuencia, Orcí recomendó una serie de medidas. Destacan la emisión de una Ley de Gasto Federalizado, el impulso de un Sistema Nacional de Fiscalización, el mejoramiento de los Sistemas de Control Interno y la formulación de un Programa Nacional de Desarrollo Institucional Municipal, así como la incorporación de los resultados de gestión en los mecanismos de asignación, la definición de reglas de operación para programas que no cuentan con ellas y, de manera más amplia, el desarrollo de una cultura de evaluación.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Eduardo Bohórquez

Durante la segunda mesa del Foro del 15 de octubre, Eduardo Bohórquez (director de Transparencia Mexicana) señaló a la falta de certidumbre en relación con los programas gubernamentales como uno de los principales retos para el estudio del gasto y la política social. A la fecha—de acuerdo con Bohórquez—no tenemos un conocimiento preciso siquiera sobre el número de programas sociales. Hemos, por el contrario, recurrido a sólo unos pocos (p. ej. Oportunidades) para poder extrapolar conclusiones generalizables, y contamos con información anecdótica, también, acerca de estrategias locales con distintos grados de éxito. Según el experto, México tiene entre 2,700 y 5,000 programas, estrategias y acciones dirigidas hacia el desarrollo social. Más de la mitad de ellos no reporta presupuesto, y la mayoría enfrenta dificultades para especificar un propósito o una población objetivo específicos. Bohórquez señaló, posteriormente, tres tendencias preocupantes. Primero, la creación de políticas sociales “al micrófono”; esto es, sin planeación y con interés en responder a demandas ciudadanas de manera más o menos inmediata. Segundo, la centralidad de los programas sociales y no de la provisión de servicios públicos en el actuar del gobierno. Finalmente, tercero, la ausencia de una correlación observable entre el número de programas sociales y el desarrollo de los estados en cuestiones como infraestructura y pobreza.

Foro Nacional “Gasto público estatal y política social”: Guillermo Cejudo

Para inaugurar la segunda mesa de discusión del Foro, Guillermo Cejudo—Secretario Académico del CIDE—comenzó por señalar que el federalismo mexicano consiste en un complejo entramado institucional cuya estructura ha sido formada por decisiones coyunturales. Esto implica, en consecuencia, una poco clara distribución de responsabilidades. El federalismo en México, de acuerdo con Cejudo, no responde a un diseño coherente, es ambiguo en cuanto a las competencias de cada nivel de gobierno y dificulta, por tanto, la rendición de cuentas. Las discusiones en torno al arreglo federal se han centrado en la distribución de recursos económicos, poder de decisión y clientelas; no se piensa en ofrecer servicios de buena calidad o en garantizar derechos sociales. El académico mostró la existencia de políticas sociales fragmentadas, coyunturales y con poca institucionalización a lo largo del territorio nacional, lo que resulta en regímenes diferenciados de derechos, falta de coordinación y exclusión de ciertos sectores ciudadanos. Apuntó que es necesario, en consecuencia, lograr un equilibrio entre recaudación y gasto, además de establecer una distribución clara de competencias y un régimen de rendición de cuentas que evite indefiniciones y favorezca la identificación de responsables inequívocos para cada fase de la política pública.